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Información enviada por EDUCA
AMNISTÍA INTERNACIONAL (AIUSA) Y EDUCA ADVIERTEN A CONGRESISTAS NORTEAMERICANOS LOS POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL “PLAN MÉXICO” EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
El pasado mes de noviembre, a unos días de realizarse en el Congreso Norteamericano los Foros Públicos para Evaluar la Iniciativa Mérida o “Plan México”, AIUSA y EDUCA -organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y México respectivamente- sostuvieron entrevistas y cabildeo en la Casa de los Representantes, el Senado Norteamericano y la Oficina del Departamento de Estado, acerca de los impactos nocivos que puede reflejar esta iniciativa, tales como: el uso excesivo de la fuerza pública y las violaciones a los derechos humanos contra activistas y movimientos sociales en México, y en particular en Oaxaca.
Bajo este propósito, durante los días 14 y 15 de noviembre, en una gira de presentaciones auspiciada por la organización Acción Permanente por la Paz, Renata Rendón (IAUSA) y Miguel Ángel Vásquez (EDUCA) establecieron reuniones en Washington DC, en las oficinas de los congresistas Raúl Grijalva (D), Jonh Hall (D), Kirsten Gillibrand (D), Robert Menéndez (D), Dodd Chair (D), Chairman Engel (D), Michael McNulty (D), Dan Burton (R), Ros Lehtinen (R) y el Senador Corker (R). Así también, sostuvieron entrevistas en el Departamento de Estado con representantes de las oficinas de Justicia, Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Agencia Internacional para el Desarrollo.
Los congresistas y funcionarios del Departamento de Estado, señalaron que la Iniciativa Mérida o “Cooperación para la Seguridad Regional”, es un acuerdo que se viene construyendo desde principios de 2007 entre las administraciones de George W. Bush y el Gobierno Federal Mexicano, encabezado por Felipe Calderón. Estimaron que el total de esta ayuda asciende a un monto de 1.4 mil millones de dólares a ejercerse en un periodo de 3 años; y que el primer año se otorgaría un apoyo por 500 millones de dólares. Los conceptos para los cuales tentativamente se daría este apoyo son: a) Lucha contra el narcotráfico, terrorismo y seguridad en la frontera, b) Seguridad pública y aplicación de la ley, c) Construcción de instituciones y reforzamiento de las leyes, y d) Gastos de ejecución del plan. Las instituciones a las cuales se destinaría el presupuesto son: SEDENA, Marina, PGR, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad Pública y Policía Federal Preventiva.
Los congresistas expresaron su molestia porque la administración del Presidente Bush nunca les consultó en todo el proceso de construcción de la Iniciativa, además manifestaron su preocupación por la sensibilidad que existe en México respecto al tema de la soberanía, coincidieron en afirmar que es la primera vez que un gobierno mexicano se decide a tener colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Su diagnóstico de la situación en México plantea que en los últimos dos años han muerto más de 4 mil personas en narcoejecuciones o en el combate al narcotráfico. Además dicen que hay tráfico ilícito de armas en México, que ha llegado a niveles muy graves. Señalan la corrupción oficial que existe en las instituciones mexicanas. Otro problema grave dijeron, es la libertad de expresión, México ocupa el segundo lugar en crímenes contra periodistas después de Irak.
Por otra parte, señalan aspectos negativos del plan como es que más del 40% de los 500 millones de dólares están dirigidos para el sector militar, los cuales van destinados a la compra de 8 Helicópteros Bell 412; 2 Aviones de espionaje marítimo y 87 Scaners para reforzar los sistemas de seguridad. Así mismo, el plan no establece condiciones respecto a la salvaguarda de los derechos humanos. Aunque precisaron que existe una notoria diferencia con el Plan Colombia, ya que no habrá asistencia militar, es decir presencia de militares norteamericanos en territorio nacional, también reconocieron que esta iniciativa no invierte en temas de desarrollo económico para la región.
Por su parte Amnistía Internacional y EDUCA, manifestaron diversas preocupaciones a los congresistas y funcionarios, entre otras: En México se han ampliado las facultades de las fuerzas armadas para intervenir en la lucha contra el narcotráfico y delincuencia organizada (militares aplicando la ley), siendo notorio que en el presente año se han cometido graves violaciones a los derechos humanos por parte del ejército en supuestas labores de seguridad nacional (Caso Castaños Coahuila y Zongolica Veracruz). Por otra parte en México se pretenden modificar las leyes penales que podrían favorecer condiciones para la violación a garantías constitucionales tal es el caso de la ley anticrimen que planteaba legislar sobre el espionaje telefónico y el cateo a domicilios sin orden judicial.
Amnistía Internacional y EDUCA plantearon a los congresistas la gran preocupación existente porque cada vez concurren más militares coordinando las labores de las policías federales y estatales en México. EDUCA informó a detalle sobre la represión que ha desatado en México el Gobierno Federal a través de la PFP contra movimientos sociales como el caso de San Salvador Atenco y Oaxaca durante 2006.
EDUCA y AIUSA también advirtieron a los congresistas norteamericanos, sobre el hecho de otorgar recursos financieros –sin establecer mecanismos claros de transparencia y monitoreo- a instituciones como la PGR, la SEDENA o la SSP, quienes han violentado derechos humanos. Este es el caso del actual Procurador Eduardo Medina Mora, quien durante el sexenio pasado fue responsable de la represión y el uso excesivo de la fuerza pública contra movimientos sociales en San Salvador Atenco y Oaxaca, acontecimientos por los cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Organismos Internacionales emitieron recomendaciones; contrariamente el Presidente Felipe Calderón lo premia otorgándole la titularidad de la Procuraduría General de la República.
Finalmente, EDUCA y AIUSA entregaron una carta a los congresistas del Espacio de Organizaciones Civiles de Oaxaca manifestando su preocupación en temas de agenda bilateral México-Estados Unidos. Los congresistas aseguraron que esta Iniciativa Mérida, no se aprobará sino hasta 2008, además que tendrá que sufrir modificaciones, y se tendrán que invertir más recursos en los temas de procuración de justicia, profesionalización de la policía, centro de gestión penal y derechos humanos. Los congresistas externaron su preocupación por la situación por la que atraviesa México, y en particular Oaxaca, y se comprometieron a visitar el país para establecer un diálogo con todos los actores involucrados en dicha iniciativa, incluidas las organizaciones de la sociedad civil.
Oaxaca, Oaxaca, 10 de Diciembre de 2007.
SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN
ALTERNATIVA A.C. EDUCA
Bajo este propósito, durante los días 14 y 15 de noviembre, en una gira de presentaciones auspiciada por la organización Acción Permanente por la Paz, Renata Rendón (IAUSA) y Miguel Ángel Vásquez (EDUCA) establecieron reuniones en Washington DC, en las oficinas de los congresistas Raúl Grijalva (D), Jonh Hall (D), Kirsten Gillibrand (D), Robert Menéndez (D), Dodd Chair (D), Chairman Engel (D), Michael McNulty (D), Dan Burton (R), Ros Lehtinen (R) y el Senador Corker (R). Así también, sostuvieron entrevistas en el Departamento de Estado con representantes de las oficinas de Justicia, Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Agencia Internacional para el Desarrollo.
Los congresistas y funcionarios del Departamento de Estado, señalaron que la Iniciativa Mérida o “Cooperación para la Seguridad Regional”, es un acuerdo que se viene construyendo desde principios de 2007 entre las administraciones de George W. Bush y el Gobierno Federal Mexicano, encabezado por Felipe Calderón. Estimaron que el total de esta ayuda asciende a un monto de 1.4 mil millones de dólares a ejercerse en un periodo de 3 años; y que el primer año se otorgaría un apoyo por 500 millones de dólares. Los conceptos para los cuales tentativamente se daría este apoyo son: a) Lucha contra el narcotráfico, terrorismo y seguridad en la frontera, b) Seguridad pública y aplicación de la ley, c) Construcción de instituciones y reforzamiento de las leyes, y d) Gastos de ejecución del plan. Las instituciones a las cuales se destinaría el presupuesto son: SEDENA, Marina, PGR, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad Pública y Policía Federal Preventiva.
Los congresistas expresaron su molestia porque la administración del Presidente Bush nunca les consultó en todo el proceso de construcción de la Iniciativa, además manifestaron su preocupación por la sensibilidad que existe en México respecto al tema de la soberanía, coincidieron en afirmar que es la primera vez que un gobierno mexicano se decide a tener colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Su diagnóstico de la situación en México plantea que en los últimos dos años han muerto más de 4 mil personas en narcoejecuciones o en el combate al narcotráfico. Además dicen que hay tráfico ilícito de armas en México, que ha llegado a niveles muy graves. Señalan la corrupción oficial que existe en las instituciones mexicanas. Otro problema grave dijeron, es la libertad de expresión, México ocupa el segundo lugar en crímenes contra periodistas después de Irak.
Por otra parte, señalan aspectos negativos del plan como es que más del 40% de los 500 millones de dólares están dirigidos para el sector militar, los cuales van destinados a la compra de 8 Helicópteros Bell 412; 2 Aviones de espionaje marítimo y 87 Scaners para reforzar los sistemas de seguridad. Así mismo, el plan no establece condiciones respecto a la salvaguarda de los derechos humanos. Aunque precisaron que existe una notoria diferencia con el Plan Colombia, ya que no habrá asistencia militar, es decir presencia de militares norteamericanos en territorio nacional, también reconocieron que esta iniciativa no invierte en temas de desarrollo económico para la región.
Por su parte Amnistía Internacional y EDUCA, manifestaron diversas preocupaciones a los congresistas y funcionarios, entre otras: En México se han ampliado las facultades de las fuerzas armadas para intervenir en la lucha contra el narcotráfico y delincuencia organizada (militares aplicando la ley), siendo notorio que en el presente año se han cometido graves violaciones a los derechos humanos por parte del ejército en supuestas labores de seguridad nacional (Caso Castaños Coahuila y Zongolica Veracruz). Por otra parte en México se pretenden modificar las leyes penales que podrían favorecer condiciones para la violación a garantías constitucionales tal es el caso de la ley anticrimen que planteaba legislar sobre el espionaje telefónico y el cateo a domicilios sin orden judicial.
Amnistía Internacional y EDUCA plantearon a los congresistas la gran preocupación existente porque cada vez concurren más militares coordinando las labores de las policías federales y estatales en México. EDUCA informó a detalle sobre la represión que ha desatado en México el Gobierno Federal a través de la PFP contra movimientos sociales como el caso de San Salvador Atenco y Oaxaca durante 2006.
EDUCA y AIUSA también advirtieron a los congresistas norteamericanos, sobre el hecho de otorgar recursos financieros –sin establecer mecanismos claros de transparencia y monitoreo- a instituciones como la PGR, la SEDENA o la SSP, quienes han violentado derechos humanos. Este es el caso del actual Procurador Eduardo Medina Mora, quien durante el sexenio pasado fue responsable de la represión y el uso excesivo de la fuerza pública contra movimientos sociales en San Salvador Atenco y Oaxaca, acontecimientos por los cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Organismos Internacionales emitieron recomendaciones; contrariamente el Presidente Felipe Calderón lo premia otorgándole la titularidad de la Procuraduría General de la República.
Finalmente, EDUCA y AIUSA entregaron una carta a los congresistas del Espacio de Organizaciones Civiles de Oaxaca manifestando su preocupación en temas de agenda bilateral México-Estados Unidos. Los congresistas aseguraron que esta Iniciativa Mérida, no se aprobará sino hasta 2008, además que tendrá que sufrir modificaciones, y se tendrán que invertir más recursos en los temas de procuración de justicia, profesionalización de la policía, centro de gestión penal y derechos humanos. Los congresistas externaron su preocupación por la situación por la que atraviesa México, y en particular Oaxaca, y se comprometieron a visitar el país para establecer un diálogo con todos los actores involucrados en dicha iniciativa, incluidas las organizaciones de la sociedad civil.
Oaxaca, Oaxaca, 10 de Diciembre de 2007.
SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN
ALTERNATIVA A.C. EDUCA
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