Ausencia del Estado de Derecho en Oaxaca

Por: Víctor Leonel Juan Martínez *
De cada 10 secuestros que se realizan en México, en ocho hay policías implicados, afirma el dirigente de la Canacintra en Oaxaca, Alberto Castillo (Noticias, 14/nov/07). “Empresarios oaxaqueños nos hemos enterado —de muy buenas fuentes— que la corrupción en la Ministerial, es muy fuerte (…) Sólo le puedo comentar que cuando hay corrupción abajo, la hay también en mandos medios y superiores. La corrupción alcanza a todos”, agrega el dirigente empresarial.
Los Notarios Públicos “son verdaderos ‘gatilleros’ del Derecho y auténticos traficantes de la fe pública, ante la complacencia y protección de las autoridades”, señala el secretario del Colegio de Notarios, Alfredo Castillo Colmenares al renunciar al cargo (El Imparcial, 20/dic/2007). El motivo de su separación de ese cargo, es en protesta por la forma en que se han expedido nuevos fiats notariales, privilegiando a amigos y parientes de funcionarios y Notarios, sin el concurso necesario que marca la ley en la materia.
Una decena de policías, en un evidente exceso de la fuerza pública, detiene a una mujer, Ivette Suárez, tras una discusión que tuvo con la nuera de una alta funcionaria del gobierno estatal. Más allá del motivo del pleito entre las féminas, es evidente que el operativo policial y del aparato de administración de justicia además de desproporcionado, no fue imparcial y hubo influyentismo en su aplicación. Suárez fue vejada, humillada, y sale bajo una exorbitante fianza, mientras que la otra implicada fue protegida, como se muestra en el reportaje que presenta la revista En Marcha en su número 97.
En julio pasado, Emeterio Merino fue detenido por policías ministeriales tras la reyerta protagonizada por appistas y las “fuerzas del orden” en el Cerro del Fortín; independientemente de si su conducta podría tipificarse como un delito o no, el hecho relevante es que el hombre sano que fue detenido, regresó en silla de ruedas y con severos daños en sus facultades motoras. Cinco son los presuntos ministeriales responsables, pero ni adentro ni afuera de la Procuraduría se cree la versión y se teme que en cualquier momento se dé carpetazo al asunto.
En septiembre, con un desproporcionado operativo policíaco (en que incluso intervino la AFI y el ejército) fueron detenidos ocho “teporochos” que libaban en la Colonia Volcanes, al ser confundidos con Zetas; mes y medio más tarde fueron liberados al demostrarse la equivocación; uno ya no recuperó su libertad, murió en la cárcel ante la falta de atención médica.
Una consulta, que mandó realizar ex profeso el Ayuntamiento sobre la percepción de la ciudadanía a la instalación de los parquímetros en el Centro Histórico, mostró un rechazo de la mayoría de los ciudadanos a tal acción; pese a los resultados “la decisión de volver a instalar parquímetros en el primer cuadro de la Ciudad es irreversible”, porque “la opinión de la ciudadanía no dicta la Ley”, afirma el edil interino Manuel de Essesarte.
En agosto, miles de taxistas bloquearon decenas de calles en la capital estatal y las principales ciudades de la entidad; protestaban por el alto número de taxis que circulan con permisos falsos; documentos que fueron falsificados ¡por las mismas autoridades del transporte!, los funcionarios implicados (dos ex funcionarios del la Secretaría del Transporte y la propia titular) fueron procesados, dos de ellos detenidos y después liberados por una averiguación previa mal integrada que, de paso, les permite no volver a ser molestados por ser el suyo un caso juzgado.
En la región triqui, dos mujeres llevan meses desaparecidas; las policías no investigan, ¡por el riesgo que implica adentrarse en la zona y la inseguridad! Los enfrentamientos violentos y los asesinatos parecen formar parte de la cotidianidad de los triquis. La seguridad pública y el ejercicio de gobierno es una entelequia que no se conoce ahí. Tal parece que en la zona hay una ausencia de Estado.
Mientras tanto la inseguridad en toda la entidad se ha incrementado, lo mismo que la delincuencia –la común y la organizada—; la antes apacible Oaxaca, ahora se encuentra inmersa en la violencia, los secuestros, los levantones. Los secuestros en la entidad han aumentado un 500 por ciento en los últimos dos años (Reforma, 15/11/2007), lo mismo ocurre con la violencia común.
¿Estado de Derecho en Oaxaca?, ¿justicia?, ¿estabilidad y paz social?, ¿respeto a los derechos humanos? ¿Cómo exigirlos si son los encargados de salvaguardarla y otorgarla quienes las violentan?
Esos incidentes en apariencia nimios o aislados, nos develan en cambio, el proceso de descomposición social y política persistente en Oaxaca. En muchos, cada vez más casos, se prefiere la violencia como vía para dirimir conflictos, dado que los canales institucionales ya no funcionan. En otros números En Marcha ha dado seguimiento a esta violencia política que priva en la entidad, por eso afirmamos que nuestra historia local, en mucho, se puede seguir en la nota roja de los diarios.
Por eso, los hechos que consignamos párrafos arriba, no son coyunturales. En los últimos meses y años vemos como la impunidad se enseñorea en Oaxaca. Las policías parecen tener patente de corzo para actuar arbitrariamente, extralimitándose en sus funciones, y al servicio de intereses particulares; a las órdenes de funcionarios prepotentes que gustan de exhibir el poder que han alcanzado.
El periodismo es un oficio de alto riesgo en la entidad; no son pocos los periodistas golpeados, heridos e incluso asesinados en los últimos meses y años.
Un reciente informe de observación de la Comisión Internacional de Juristas, señala que instituciones como el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría estatal, son concebidas por la sociedad oaxaqueña como instrumentos al servicio del PRI y para la protección de los intereses particulares de altos funcionarios. En los hechos, abunda el texto, se aprecia claramente como la administración y procuración de justicia son parciales, se protege la impunidad de quienes violentan los derechos humanos y se persigue a quienes osan criticar al gobierno. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene autonomía y los ciudadanos se encuentran desprotegidos de los abusos del poder.
Cierto, la autoridad requiere de instituciones y mecanismos para hacer valer la ley. Sin Estado de Derecho se volvería al estado de la barbarie, a la anarquía. Por eso se ha creado todo un aparato, el judicial, para castigar las trasgresiones a la legalidad; también hay un marco jurídico e instituciones que prevén sistemas, cuerpos policiales, leyes procesales y penales, reglamentos, instrucciones, etcétera. Por eso también se cuentan con las policías, como instrumentos para hacer respetar el orden público y la seguridad de las personas, con lo cual no sólo está en su derecho sino que es su obligación. Es por eso que en la concepción weberiana del Estado, éste tiene el uso legítimo de la fuerza; pero para ello se requieren acuerdos sociales que den legitimidad a ese ejercicio.
Sólo que la práctica cotidiana oaxaqueña termina por hacer polvo la concepción de Weber del Estado, ya que la sustituye por una visión anárquica, donde la violencia pública y la violencia privada se vuelven totalmente indistinguibles. Aquí, la ley se usa de forma maniquea, y sirve para todo. Para reprimir a opositores, para castigar disidentes, para dar “un escarmiento” a quienes osen reclamar o discutir con algún miembro del grupo gobernante (o incluso con una nuera de una funcionaria). La ley, contrario a su concepción, es materia de negociación permanente. Incluso, en ocasiones, sirve hasta para cumplirse.
En ese contexto, en el ámbito federal se discute en el Congreso de la Unión una serie de reformas en materia penal que dotan de mayores atribuciones al Ministerio Público y a su policía, los cuales podrán realizar detenciones, cateos, intervenciones telefónicas, sin la ahora todavía necesaria orden judicial. Un Estado policíaco se pretende imponer, justo cuando sus instituciones son las más cuestionadas. Y en Oaxaca, las cosas están aún peor.
Una de los varios factores que incidieron en el estallido social del 2006, fue precisamente estos excesos del poder, al igual que un marco jurídico e institucional autoritario. Ahora, al igual que hace un año, continúan cerradas las válvulas de escape de la inconformidad social y no se realizan las reformas institucionales y legales para construir un verdadero Estado de Derecho, uno en el que la ley se aplique a todos por igual, sin excepciones ni privilegios; que asegure el cabal ejercicio de los derechos y las libertades individuales y sociales y que respete los derechos humanos. Ese es el déficit de Oaxaca y la tarea que corresponde a todos realizar.

* Subdirector de la revista En Marcha (vicleonjm@hotmail.com)